La Ley de Delitos Económicos, promulgada en 2023, establece un marco legal más riguroso para prevenir y sancionar las prácticas delictivas en el ámbito económico y empresarial. Esta ley se centra en delitos que afectan directamente la transparencia y la competencia justa, tales como:

1. Corrupción y cohecho: Pagos indebidos a funcionarios públicos o privados.
2. Delitos financieros: Manipulación de información contable o financiera.
3. Lavado de activos: Transformación de fondos provenientes de actividades ilícitas.
4. Colusión y prácticas anticompetitivas: Afectación de la libre competencia en mercados públicos.

La normativa no solo incrementa las sanciones económicas, sino que también establece penas de cárcel, inhabilitación para contratar con el Estado y multas proporcionales al daño causado.

¿Cómo impacta a los proveedores del mercado público?

Los proveedores del Estado deben cumplir con estándares más exigentes para evitar ser sancionados en el marco de esta nueva legislación. Las principales implicancias son:

1. Responsabilidad penal ampliada: Las empresas, a través de sus directivos o empleados, pueden ser penalmente responsables de delitos económicos cometidos en su nombre o beneficio.
2. Riesgo de exclusión: Empresas condenadas no podrán participar en procesos de licitación ni celebrar contratos con organismos públicos.
3. Controles más estrictos: Los organismos públicos exigirán pruebas de compliance efectivo y Modelos de Prevención de Delitos en sus procesos de evaluación de proveedores.
4. Sanciones financieras severas: Las multas pueden alcanzar cifras significativas, afectando gravemente la estabilidad económica de las empresas infractoras.

En resumen, el incumplimiento de esta ley puede dejar fuera del mercado público a las empresas infractoras, limitando sus oportunidades de negocio con el Estado y dañando su reputación.

Claves para cumplir con la Ley de Delitos Económicos

Para evitar sanciones y adaptarse a esta nueva normativa, los proveedores del mercado público deben implementar acciones concretas orientadas a garantizar el cumplimiento legal:

1. Adoptar un Modelo de Prevención de Delitos (MPD): Diseñar un modelo robusto que identifique riesgos, defina controles y fomente la prevención de delitos.
2. Compromiso de la alta dirección: El liderazgo debe respaldar activamente las políticas de compliance y prevención.
3. Capacitación continua: Capacitar a los colaboradores sobre la ley, los riesgos asociados y las medidas preventivas.
4. Auditorías periódicas: Monitorear y evaluar la efectividad de los controles y ajustar el modelo cuando sea necesario.
5. Implementar canales de denuncia: Crear sistemas anónimos y seguros que permitan reportar irregularidades dentro de la organización.
6. Revisar contratos y procesos internos: Garantizar que las políticas internas y contratos con terceros cumplan con las exigencias de la ley.

Estas acciones no solo permiten el cumplimiento legal, sino que también fortalecen la cultura organizacional y posicionan a la empresa como un proveedor confiable y ético.

Beneficios de adaptarse a la normativa

Cumplir con la Ley de Delitos Económicos ofrece beneficios estratégicos que van más allá de evitar sanciones:

• Competitividad en licitaciones públicas: Las empresas con modelos de compliance efectivos tendrán mayores ventajas en procesos de evaluación.
• Protección legal: Minimiza el riesgo de enfrentar sanciones penales, financieras o reputacionales.
• Fortalecimiento de la confianza: Demuestra un compromiso real con la ética y la transparencia empresarial.
• Reducción de riesgos operativos: La implementación de controles efectivos previene irregularidades y malas prácticas dentro de la organización.

En un entorno cada vez más regulado, contar con programas de prevención y cumplimiento no es solo una obligación, sino una estrategia clave para garantizar la continuidad y el crecimiento de las empresas.

Conclusión

La Ley de Delitos Económicos impone mayores exigencias a los proveedores del mercado público, obligándolos a adoptar medidas efectivas de prevención y cumplimiento normativo. Implementar un Modelo de Prevención de Delitos no solo es necesario para cumplir con la ley, sino que también ofrece ventajas competitivas y protege la integridad de la empresa.

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