En el contexto actual, las exigencias para contratar con el Estado van mucho más allá de los aspectos técnicos o financieros. La incorporación de un programa de integridad y compliance no solo es una ventaja competitiva, sino una necesidad legal y ética para las empresas proveedoras que buscan participar en licitaciones públicas, convenios marco o cualquier tipo de contratación con la administración pública. Pero, ¿por qué es tan relevante este programa y cuáles son sus beneficios reales?

Primero, debemos entender que un programa de integridad y compliance es un sistema estructurado que permite garantizar que una organización cumple con las normativas legales y éticas aplicables a su actividad. En el ámbito de las contrataciones públicas, la ley exige que las empresas que desean convertirse en proveedores del Estado demuestren un comportamiento íntegro y responsable. Esto incluye no haber incurrido en infracciones laborales, prácticas antisindicales o delitos concursales en los dos años previos a la postulación a una licitación. Además, la ley N° 20.393, que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas, impone severas sanciones a las empresas que incumplen estas normativas, como la prohibición de celebrar contratos con el Estado por periodos prolongados.

La implementación de un programa de integridad tiene múltiples ventajas. En primer lugar, fortalece la reputación de la empresa. Al demostrar un compromiso claro con el cumplimiento de las normas y principios éticos, la organización se posiciona como un socio confiable tanto para entidades públicas como privadas. En el caso de las licitaciones públicas, este aspecto puede ser decisivo, especialmente cuando las bases de evaluación incluyen criterios relacionados con el cumplimiento de políticas internas y la implementación de pactos de integridad.

En segundo lugar, contar con un programa de compliance permite a las empresas reducir riesgos legales y financieros. Los procesos de auditoría y monitoreo que forman parte de estos programas no solo ayudan a detectar posibles irregularidades antes de que se conviertan en problemas graves, sino que también contribuyen a optimizar los procesos internos. Esto se traduce en un ahorro significativo de recursos y en una mejor gestión empresarial en general.

Otro aspecto clave es la obligatoriedad de estos programas en ciertos contextos. En Chile, diversas normativas como el artículo 4° de la ley N° 19.886 y el decreto ley N° 211 exigen que los proveedores del Estado cuenten con sistemas que garanticen la transparencia y el comportamiento íntegro en sus operaciones. Aunque en algunos casos estas disposiciones pueden parecer un desafío adicional para las empresas, la realidad es que representan una oportunidad para destacar en un mercado altamente competitivo como el de las compras públicas.

La incorporación de un programa de integridad y compliance también beneficia a los trabajadores de las empresas proveedoras. Al incluir cláusulas claras sobre integridad y ética en las bases de licitación y en los contratos, se promueve un entorno laboral más justo y respetuoso. Esto no solo reduce los riesgos de infracciones laborales, sino que también mejora la satisfacción y el compromiso del personal, factores que, a largo plazo, se traducen en un mejor desempeño organizacional.

En este sentido, es fundamental que las empresas proveedoras no vean el programa de integridad como un simple requisito administrativo, sino como una herramienta estratégica. La correcta implementación de este sistema debe incluir capacitaciones para todos los niveles de la organización, desde los directivos hasta los trabajadores operativos. De esta manera, se asegura que las políticas y procedimientos sean conocidas y aplicadas por todos los involucrados.

Contratar a un experto en compliance puede ser una inversión clave para garantizar el éxito de este proceso. Un profesional especializado no solo puede ayudar a diseñar un programa de integridad adaptado a las necesidades y características de la empresa, sino que también puede ofrecer asesoría en la implementación de controles efectivos y en la realización de auditorías periódicas. Además, este tipo de acompañamiento permite a las organizaciones mantenerse actualizadas frente a los cambios normativos, evitando sanciones y fortaleciendo su posición en el mercado público.

En conclusión, implementar un programa de integridad y compliance no es solo una obligación para las empresas que desean contratar con el Estado; es una estrategia de valor que aporta múltiples beneficios. Desde la reducción de riesgos legales y financieros hasta la mejora de la reputación corporativa, este sistema representa una oportunidad para optimizar la gestión empresarial y destacar en el competitivo mundo de las compras públicas. Por ello, es indispensable que las organizaciones consideren la incorporación de este programa como una prioridad estratégica y, de ser necesario, busquen la asesoría de expertos en el área.